Sindicatos para proteger al inquilino

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A la burbuja inmobiliaria, que ha empobrecido a muchos propietarios, le ha seguido en diversas ciudades españolas, la del alquiler.

Sindicatos para proteger al inquilino

El difícil acceso al mercado de compra por la sequía en el crédito bancario y en el bolsillo de los ciudadanos, junto a las nuevas modalidades de alquiler turístico en determinadas zonas de las ciudades, ha desembocado en una escasez de pisos para inquilinos de larga duración que amenazan con convertirse en una nueva burbuja de consecuencias sociales alarmantes.

Los vecinos se movilizan. Madrid, Barcelona y Canarias han tomado la delantera y se han organizado los sindicatos de inquilinos. La iniciativa está inspirada en los Tenance Unions que existen en otros países europeos, e impulsada en Barcelona por entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), el Observatorio Desc (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) o colectivos que luchan por el derecho a la vivienda, como 500x200 o Desllogades. En Suecia, el sindicato de inquilinos tiene 580.000 afiliados y fija los precios, negociando tanto con los propietarios del parque privado como con las administraciones a las que pertenece el público.

El primero, en Gran Canaria

En Gran Canaria se fundó el pasado mes de enero el Primer Sindicato de Inquilinos del archipiélago y del estado español desde los años 30. En Canarias, según datos oficiales, hay 135.000 inmuebles vacíos, a la vez que 35.000 demandantes de vivienda no disponen de casa. Según sus promotores, “se siguen produciendo una media de 20 desahucios al día. 9 de cada 10 desahucios forzosos son por impago de alquiler. Las instituciones políticas afirman carecer de casas suficientes, mientras han vendido el parque público de vivienda a gestoras privadas como Visocan, dedicadas a la especulación bursátil”.

Desenfreno en los alquileres

Defender unos alquileres justos, estables y asequibles, combatir el abuso inmobiliario y reclamar una regulación son los objetivos del primer Sindicato de Inquilinos, que se ha presentado públicamente en Barcelona, donde hay más de 200.000 familias que viven de alquiler. "Los salarios bajan, y la especulación nos ahoga y nos desposee de nuestros ingresos cuando los contratos se acaban", ha denunciado uno de los portavoces del nuevo sindicato Jaume Palomera, que ha asegurado que en Barcelona aún hay 9 desahucios diarios, de los que un 83% son por impago del alquiler. El sindicato ha surgido por el incremento de los precios de los alquileres, que en el último año ha subido de media un 9 %, y en Barcelona ya se sitúa en una media de 801 euros mensuales por un piso pequeño.

Los desahucios invisibles

Palomera ha instado a derogar la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), que en 2013 redujo la duración mínima de los contratos de alquiler de cinco a tres años, para conseguir estabilidad de los contratos del alquiler y evitar "desahucios invisibles" de los inquilinos que son expulsados de sus viviendas.

"Solo este año finalizan 44.000 contratos en Barcelona", han alertado desde el sindicato, y aseguran que en muchos casos se producen "desahucios invisibles", porque al subir los propietarios los alquileres, los vecinos se ven obligados a irse de sus casas.

Otra de las portavoces del sindicato, Irene Sabaté, ha pedido la implicación al Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en un índice de referencia vinculante que evite la expulsión de los vecinos de sus viviendas y ha reclamado priorizar el uso residencial de las viviendas por encima de cualquier otro, como el financiero —como inversión— o el turístico.

Según Sabaté, el actual modelo de alquiler barcelonés destruye el tejido local, donde los barrios pierden las viviendas residenciales, y los ingresos de los vecinos, afectados por el espiral de incremento de precios del mercado, no llegan a cubrir el pago de la vivienda, mientras que sufren la presión de grandes inversores que de forma sistemática compran edificios enteros.

Protección y asesoramiento al inquilino

Desde el sindicato se ha denunciado también el deterioro material de las viviendas, que no se corresponde con el precio del alquiler y ante el que el inquilino entra en un conflicto con el propietario, que "abusa de la situación de indefensión".

Por ello, una de las propuestas del sindicato es proteger al inquilino y proporcionarle asesoramiento técnico y jurídico a través de un mediador e intermediarios cuya finalidad es llevar a cabo prácticas para que las partidas del contrato sean equilibradas, y ambos, propietarios e inquilinos, se repartan los costes equitativamente. El sindicato ha anunciado que "actuarán por todos los medios posibles" para ejercer presión social y conseguir alquileres justos y asequibles, e incluso han hablado de una posible movilización ciudadana para darse a conocer. El sindicato ha hecho un llamamiento ciudadano para llevar a cabo una campaña de micromecenazgo con la que pretenden recaudar 20.000 euros, que permita dar apoyo a los voluntarios que trabajan en el asesoramiento de inquilinos, los que se podrán afiliar con una cuota base de 30 euros al año.

 

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Apoyo del Ayuntamiento

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha manifestado que la creación de este sindicato “es una muy buena noticia que servirá para reforzar el papel del alquiler en Barcelona. Es más necesario que nunca", ha dicho, ante las subidas del alquiler que se han producido en la ciudad. Montaner ha subrayado que el consistorio que capitanea la alcaldesa Ada Colau comparte las reivindicaciones de la nueva organización: un índice de precios de referencia, ampliación del plazo de los contratos que prevé la LAU o fomento del parque público de pisos de alquiler. "Es un elemento positivo de refuerzo de la capacidad crítica de la ciudadanía para defender el derecho a la vivienda y que no se produzca la expulsión de vecinos", ha concluido.

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